El ‘Proyecto Life Rupis’ busca aumentar la población de alimoche y águila perdicera en España y Portugal
La conservación de las aves rapaces en la zona de Arribes del Duero, entre España y Portugal, y el Valle del Águeda es el objetivo que persigue el ‘Proyecto Life Rupis’ que se ha presentado el pasado jueves en la localidad portuguesa de Barca D´Alva.
El proyecto está coordinado por la Sociedad Portuguesa para el Estudio de las Aves (SPEA), y participan en él un total de ocho socios, seis de ellos asociaciones y entidades portuguesas, y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Fundación Patrimonio Natural.
El objetivo principal que se busca es el refuerzo de las poblaciones de alimoche (Neophron percnopterus) y águila perdicera (Aquila fasciata) en el Douro transfronterizo, a través de la reducción de la mortalidad y el aumento del éxito reproductor de estas especies (un pollo de alimoche voladero al año). El buitre negro (Aegipius monachus) y el milano real (Milvus milvus) se beneficiarán también de las acciones del Proyecto Life.
Para conseguir este objetivo se realizarán intervenciones encaminadas a reducir la perturbación en nidos y la mortalidad de los adultos, gracias a la eliminación y el aislamiento de las líneas eléctricas o la investigación y control del uso de venenos, aumentar la disponibilidad de alimento, mejorar la calidad del hábitat a través de la implementación de buenas prácticas agrícolas y ganaderas, que junto con la difusión de buenas prácticas ambientales, la educación ambiental y la valorización y promoción del territorio, ayudarán a conseguir el refuerzo de las poblaciones de alimoche y águila perdicera.
El alimoche en los últimos 30 años ha descendido su población en un 30 % tanto en España como en Portugal, siendo en éste último país una especie catalogada en peligro de extinción. En el área del ‘Proyecto Life Rupis’ se encuentra una de las poblaciones más importantes de la Península Ibérica, con 116 parejas.
El águila perdicera (Hieraeatus fasciatus o Aquila fasciata) es una de las rapaces ibéricas que mayor regresión ha sufrido en los últimos años. La reducción de las poblaciones ibéricas ha llevado a su recatalogación en España de la categoría “de interés especial” a la de “vulnerable”.
Desde la década de los 70, en Castilla y León se ha producido un descenso de parejas cercano al 80 % lo que ha conducido a esta especie a ser la más amenazada de la Comunidad. Ante esta situación, en 2006 se elaboró el Plan de Conservación del águila perdicera en la Comunidad, que contempla medidas para su recuperación. En la actualidad habitan en quince territorios repartidos entre las provincias de Salamanca, Zamora y Burgos. El 87 % de las parejas (trece) se encuentran en los Arribes del Duero y sus afluentes.
Estas cuatro especies tienen en común la amenaza de desaparición a nivel global, y en particular en la Península Ibérica. El ámbito de actuación de este proyecto de conservación transfronterizo es tanto en territorio portugués como español, concretamente en las áreas protegidas del Douro Internacional, Valle del río Águeda y los Arribes del Duero.
Estas aves rupícolas habitan en los promontorios rocosos y los escarpes del río Duero, desde Miranda do Douro/Villadepera hasta Freixo de Espada à Cinta/Vilvestre, y desde ahí hasta Barca d’Alva/San Martín y también para el Sur en el Valle del río Águeda. Será en estas áreas del Douro Internacional-Arribes del Duero donde se desarrollaran las principales acciones del proyecto.
La zona está protegida por diferentes instrumentos legales: Parque Natural do Douro Internacional en Portugal, Parque Natural de los Arribes del Duero y ZEPA y ZEC Arribes del Duero.
El proyecto supone una inversión de 3.578.924 millones de euros, de los que 2.672.481 millones -el 74,67 %- son aportados por el Programa Life. Es importante destacar que esta figura nació en el año 1992 y, desde entonces, es el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado de forma exclusiva al medio ambiente, con el objetivo general de contribuir al desarrollo sostenible y consolidado como una herramienta fundamental de la política ambiental de la Unión Europea. En estos más de veinte años, Castilla y León ha participado en más de 35 proyectos que han supuesto una inversión superior a los 30 millones de euros.